No hay desarrollo social sin inclusión laboral

Desde hace años, las políticas de desarrollo social se piensan como esquemas de distribución a posteriori. Los hogares que sufren la exclusión –es decir, el fracaso del Estado de bienestar para incluirlos a través de la educación y el trabajo – son “compensados” con transferencias monetarias.

Este simulacro de inclusión es un bálsamo justo y necesario para quien lo recibe, en la medida en que en la inmensa mayoría de los casos es el Estado, y no el beneficiario, el responsable de la exclusión.

Pero la compensación es instantánea: comienza y acaba en la transferencia, no resuelve el problema de fondo. Y es insuficiente e insostenible: consolida la inequidad de una sociedad dual de ganadores y perdedores, partida al medio la dificultad para acceder a un trabajo estable, y dependiente de un Estado no benefactor sino distribuidor que, al no tener recursos para solventar este esquema, cae en un déficit crónico que paga con inflación o con crisis recurrentes que alimentan la exclusión en un círculo vicioso.

Hoy no es posible pensar el desarrollo social sin la inclusión laboral. Y no es posible pensar la inclusión laboral en forma genérica, sólo con subsidios o reducciones transitorias de cargas sociales.

Simplificando, en la actividad privada tenemos 3 universos laborales con dinámicas y actores distintos. Un universo de asalariados de calificación y productividad media y alta, que aporta al fisco y goza de derechos laborales adquiridos a lo largo de décadas, rodeado de trabajadores en el margen que entran y salen de la formalidad.

Otro de independientes, en su mayoría cuentapropistas informales de calificación media y baja, trabajando a destajo a la intemperie de la precarización. Y un tercero, el universo de la economía social, solapado al anterior, heterogéneo, subempleado y subcalificado, dependiente del apoyo estatal.

La inclusión laboral requiere, entre otras cosas, más educación. Pero no cualquier educación, sino una formación con un propósito claro y un diseño preciso basado en información sobre el trabajador y sobre el mercado laboral, que atienda a los tres universos mencionados con herramientas específicas.

Para el primero, al que el salto tecnológico acelerado por la pandemia deja expuesto a la sustitución y el desempleo, el entrenamiento laboral es una planificación sofisticada, prospectiva, que exige la participación de expertos de sindicatos, empresas y gobierno, y de un esquema transicional que promueva la recuperación de la demanda de empleo en los sectores golpeados por la crisis.

Para el segundo grupo, huérfano de representación y de políticas, la formación precisa de un enfoque más amplio, combinado con un régimen de protección que cubra contingencias y estabilice el ingreso del cuentapropista precario.

Si aceptamos que, a diferencia de las economías desarrolladas, no todos nuestros trabajadores serán empleados –al menos no en el mediano plazo–, las políticas laborales no pueden orientarse exclusivamente a la relación de dependencia.

Para el tercer grupo es esencial que el gasto social se combine con una formación laboral que entienda las necesidades y capacidades de estos trabajadores, y con modalidades de contratación que los acerquen al mercado laboral que hoy los ignora.

El 5 de octubre se presentó en el Congreso el proyecto de Ley para un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua. El proyecto crea y define el Instituto a cargo de las tres certificaciones clave para que asegurar que la formación sea efectiva para la inclusión laboral: la de la calidad de la institución que la dicta, la de la relevancia del curso y la del trabajador que lo toma.

Además, crea un grupo de análisis que genere evidencia y conocimiento sobre los perfiles de los trabajadores y las demandas de habilidades laborales en el mediano plazo: la educación para el trabajo no debería definirse por lo que está disponible en el lugar, sino por la necesidad de que el trabajador acceda al mejor trabajo posible.

El proyecto también establece los formatos de estos entrenamientos laborales. Y, por último, define a los actores en cada una de estas funciones, incluyendo una imprescindible cooperación entre los ministerios de Trabajo y de Educación.

Esta Ley no hace todo lo necesario para resolver el problema de la exclusión laboral, pero hace una parte importante. Y si bien es cierto que el empleo precisa de un ambiente macroeconómico estable, también lo es que la precarización laboral está en el origen del estancamiento del ingreso y de la fragilidad fiscal: no evitaremos la próxima crisis si postergamos la agenda laboral.

En este sentido, esta Ley es el comienzo de un programa de inclusión laboral que viene siendo postergado por la ilusión de que podemos seguir distribuyendo lo que aún no producimos, en el área en donde más naturalmente debería comenzar a darse la cooperación entre sindicatos, empresas y Estado, juego de suma positiva esencial para el crecimiento inclusivo.

Y es, sobre todo, el camino para recuperar nuestra aspiración de ser una sociedad de clase media genuina, que iguale oportunidades, retribuya el esfuerzo y priorice el progreso social, el único camino para salir de la trampa de la pobreza.

Eduardo Levy Yeyati es Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, y director académico del CEPE-di Tella.

https://www.clarin.com/opinion/desarrollo-social-inclusion-laboral_0_8hqsKU7A0.html

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